El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha decidido abrir diligencias previas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y otros altos cargos políticos y militares israelíes, como consecuencia del asalto al barco Madleen de la Flotilla de la Libertad, el pasado 1 de junio de 2025.
La denuncia incluye también al ministro de Guerra israelí, Israel Katz, al portavoz del ejército, Daniel Hagari, y a los máximos responsables de la unidad de élite naval Shayetet 13, encargada de la operación militar que interceptó de forma violenta la embarcación en aguas internacionales, cuando transportaba ayuda humanitaria destinada a la población civil de Gaza.
Un precedente jurídico de alcance internacional
El caso podría convertirse en un hito histórico en la aplicación extraterritorial del Derecho Penal Internacional, al retomar el principio de jurisdicción universal que España ejerció en décadas anteriores contra dictadores y responsables de genocidios. De confirmarse la competencia y avanzar el proceso, Netanyahu podría enfrentarse a órdenes de detención internacionales —que se sumarían a la de Corte Penal Internacional (CPI).
Contexto del asalto: la criminalización de la solidaridad
El ataque al Madleen se produjo mientras este barco, identificado como parte de la Flotilla de la Libertad, intentaba romper el bloqueo naval impuesto sobre Gaza desde hace más de 17 años. La embarcación transportaba alimentos, medicinas y voluntarios de distintos países europeos —entre ellos ciudadanos españoles, irlandeses y noruegos—. Durante el asalto, varios activistas fueron golpeados, retenidos ilegalmente y expulsados de forma forzosa por las autoridades israelíes.
La operación recuerda al ataque de 2010 contra el Mavi Marmara, en el que fueron asesinados 10 activistas turcos, y por el que Israel nunca rindió cuentas ante tribunales internacionales.
Reacciones políticas y sociales
Organizaciones de derechos humanos, asociaciones pro-palestinas y representantes políticos han celebrado la apertura de diligencias, calificándola de “paso imprescindible frente a la impunidad” y una señal de que “la justicia universal no puede depender de quiénes sean las víctimas o los agresores”.
Vía Manu Pineda
Secretario de Relaciones Internacionales de el PCE
Responsable de Solidaridad Internacional de Izquierda Unida
Embajador del Retorno a Palestina
